Argumentos exprés

Roberto Arias de la Mora, http://impreso.milenio.com/node/8784596

Aunque apenas ayer se dio a conocer formalmente el proyecto de la llamada Vía Exprés, desde la semana pasada los ciudadanos tuvimos oportunidad de enterarnos de los planes del gobierno del estado para construir un viaducto aéreo sobre los derechos de vía del ferrocarril, cuya extensión será de 23 kilómetros y contará con cuatro carriles (Público, 8 de junio).

Por la manera en que se dio a conocer la noticia, los ciudadanos tuvimos la magnífica oportunidad de sopesar la ligereza imperante entre los actuales responsables de tomar las decisiones públicas en Jalisco. En primer término, tenemos las declaraciones del coordinador de innovación y desarrollo, Herbert Taylor, advirtiéndonos que de concretarse la obra “la ciudad ganaría barbaridades” (Público, 10 de junio). Y es que para este funcionario, el proyecto sólo tiene beneficios: para los vecinos porque se reducirá el ruido del tren en cada uno de sus cruces, para la arquitectura del paisaje ya que “no será una zona desagradable y tendrá un arreglo permanente”, para quienes decidan pagar por el uso de la vía porque podrán hacer ese recorrido en menos tiempo, para el resto de los automovilistas que no quieran pagarlo porque habrá avenidas menos congestionadas y, en consecuencia, para todos los que habitamos la ciudad ya que habrá menos contaminación provocada por el congestionamiento vial. Frente a estos beneficios poco importa que el cálculo de la obra, que asciende a 6,500 millones de pesos, sea superior a otros proyectos similares porque “el gasto lo hará la empresa que gane la licitación”. Y qué decir de los argumentos de la oposición: para el diputado del PVEM y presidente de la Comisión de Vialidad, Enrique Aubry, el viaducto “es una obra de primer mundo…que nos va ayudar a crecer en el ámbito económico, porque se va a generar mucho empleo”; en tanto que para el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Marco Antonio Barba, “es una buena alternativa, tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido la ciudad”; mientras que para el diputado del PRD, Raúl Vargas, la realización de esta obra podría aprovecharse para hacer una intervención pública “en las áreas por debajo del puente, que en algunos sitios podrían promoverse como parques lineales y hasta parques recreativos” (Público, 9 de junio).

El problema con estos argumentos rápidos es que no toman con seriedad los costos públicos: ni los estimados por el propio Taylor Arthur en 550 millones de pesos, equivalentes al costo de los cuatro pasos a desnivel que serán “cubiertos a partes iguales por los ayuntamientos, los gobiernos estatal y federal y la empresa ferromex” (Público, 10 de junio), ni los que se tendrá que incurrir por las “intervenciones públicas” aludidas por el diputado del PRD; como tampoco el costo de oportunidad que, como sociedad, estaremos incurriendo por esos 6,500 millones de pesos de inversión privada, que podrían aprovecharse mejor en la modernización de sistemas de transporte colectivo, ni mucho menos los altísimos costos que imponemos con el uso cotidiano del vehículo, que nadie paga, pero todos padecemos a través de la creciente pérdida de tiempo o los altos niveles de ozono.